Tras casi veinte años de complejas negociaciones y debates, la comunidad global ha dado un paso monumental hacia la protección de los bienes comunes más vastos y esenciales del planeta. La conclusión de un tratado internacional para salvaguardar la biodiversidad en alta mar marca un punto de inflexión en la historia de la conservación marina, estableciendo por primera vez un marco legal robusto para gestionar y proteger las aguas que están más allá de las jurisdicciones nacionales.
Un acuerdo histórico para las áreas fuera de la ley
Este tratado, calificado como histórico por organizaciones ambientales y delegaciones internacionales, surge para llenar un vacío legal crítico. Hasta ahora, la alta mar, que representa casi dos tercios de los océanos del mundo, operaba en una especie de limbo regulatorio donde actividades como la pesca industrial intensiva, la bioprospección (la búsqueda de material genético para su uso comercial) y la emergente minería de fondos marinos carecían de una supervisión internacional coordinada y vinculante. El nuevo acuerdo cambia este paradigma por completo, introduciendo herramientas concretas para la gobernanza de estos espacios.
Uno de los pilares fundamentales del tratado es la capacidad de crear Áreas Marinas Protegidas (AMP) en alta mar. Esto permitirá a los países proponer y establecer santuarios marinos donde las actividades humanas puedan ser restringidas o prohibidas para permitir la recuperación de ecosistemas vulnerables. Este mecanismo es vital para cumplir con el compromiso del Marco Global de Biodiversidad de proteger al menos el 30% de los océanos del mundo para el año 2030.
Además, el tratado introduce la obligatoriedad de realizar evaluaciones de impacto ambiental rigurosas para cualquier actividad planificada que pueda afectar significativamente el medio marino. Esto aplica no solo a las prácticas existentes, sino también a las nuevas y emergentes, como la geoingeniería o el almacenamiento de carbono en el lecho marino, asegurando que la precaución y la ciencia prevalezcan sobre los intereses económicos.
Mecanismos para la equidad y la aplicación efectiva
El acuerdo reconoce la brecha tecnológica y de capacidades entre las naciones desarrolladas y aquellas en desarrollo. Por ello, incluye disposiciones sólidas para la transferencia de tecnología marina y el fomento de capacidades, asegurando que todos los países, sin importar su nivel de ingresos, puedan participar de manera plena y equitativa en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina. Un organismo científico y técnico supervisará la solidez de las propuestas de protección, mientras que un comité de implementación y un mecanismo de solución de controversias velarán por el cumplimiento de lo acordado.
Expertos como Jessica Battle de WWF han subrayado que este tratado «acaba con la idea de que lo que ocurre en alta mar está fuera del radar». efectivamente, el acuerdo establece una nueva era de responsabilidad colectiva y transparencia, donde los impactos acumulativos de las actividades humanas deberán ser evaluados y gestionados.
Sin embargo, el camino no termina con la firma del documento. El verdadero reto, y el próximo paso crucial, es la ratificación. Los países deben ahora llevar el tratado a sus parlamentos nacionales para convertirlo en ley doméstica y destinar los recursos necesarios para su implementación práctica en el agua. Como concluyó la misma Battle, «las palabras importan, pero nuestro océano necesita acción». La salud de los océanos, de los cuales depende la humanidad, pende ahora de la velocidad y la voluntad política con que los estados conviertan este logro diplomático en una realidad tangible.