Por Juan Pablo Ojeda

 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a tensar la agenda diplomática con Perú al demandar la salida de ese país de la exprimera ministra Betssy Chávez, investigada por su presunta participación en el golpe de Estado intentado por Pedro Castillo en 2022. La insistencia del Ejecutivo mexicano por conceder refugio a una funcionaria procesada por delitos contra los poderes del Estado reaviva las críticas sobre la instrumentalización del asilo político.

Durante la transmisión de la conferencia mañanera, Sheinbaum confirmó que su administración no ha retirado la oferta de protección internacional a Chávez Chino, a pesar de que el Poder Judicial peruano mantiene abiertas las causas penales por rebelión y conspiración. La estrategia de Palacio Nacional busca presionar al gobierno de Dina Boluarte para que expida el salvoconducto que permita la partida de la imputada hacia México.

El accionar del gobierno mexicano pone bajo la lupa los límites de la doctrina de no intervención y el uso de la figura del asilo defensivo ante procesos judiciales interpuestos por órganos independientes de otros países. Sectores de la fiscalía peruana advierten que la salida de Chávez del territorio nacional generaría un escenario de impunidad en las investigaciones sobre la ruptura del orden constitucional en Lima.

Las acusaciones formuladas contra la exjefa de gabinete se sustentan en registros en vídeo y testimonios que la ubican en el despacho presidencial al momento en que Pedro Castillo emitió el mensaje televisado en el que ordenaba el cierre del Congreso de la República. La defensa de Chávez argumenta persecución política, narrativa que ha sido respaldada por el gobierno federal mexicano de forma sistemática.

La interferencia de México en los asuntos internos peruanos ya derivó en 2022 en la declaración de persona non grata para el entonces embajador Pablo Monroy, así como en la interrupción de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. La insistencia por trasladar a Chávez amenaza con prolongar la parálisis de los mecanismos de integración económica y diplomática regional.

Organizaciones de rendición de cuentas y juristas internacionales han cuestionado que el Estado mexicano otorgue estatus de perseguidos políticos a exfuncionarios con imputaciones por delitos contra las instituciones democráticas. Esta política de asilo prioritario contrasta con la rigidez aplicada a otros casos de solicitantes de refugio continental que buscan protección en las fronteras mexicanas.

Pese a los requerimientos de la SRE, la Cancillería peruana ha dejado en claro que ningún salvoconducto será otorgado a procesados con medidas de restricción de salida del país interpuestas por la Corte Suprema. El choque institucional se mantendrá en punto muerto mientras no exista una sentencia definitiva o una resolución ejecutiva firme desde la capital peruana.