Por Juan Pablo Ojeda

 

La presidenta Claudia Sheinbaum envió este miércoles al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional y legal con el objetivo de homologar el tipo penal de feminicidio en las 32 entidades federativas del país. La propuesta busca eliminar las disparidades legislativas que actualmente permiten discrepancias en la clasificación y sanción de este delito, estableciendo criterios uniformes para la investigación ministerial y judicial.

El diagnóstico presentado por el Ejecutivo señala que existen 32 definiciones distintas del delito de feminicidio en México, lo cual genera variaciones significativas en las sentencias y en los protocolos de actuación. La homologación busca que, independientemente del estado donde ocurra el crimen, los elementos del tipo penal y las agravantes sean idénticos, garantizando un estándar mínimo de justicia.

Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indican que, en 2025, la tasa de vinculación a proceso por feminicidio mostró una varianza del 25% entre estados con leyes punitivas altas y aquellos con criterios más laxos. La unificación busca reducir el margen de discrecionalidad de las fiscalías locales durante la integración de las carpetas de investigación.

La propuesta incluye la obligatoriedad de aplicar el Protocolo Nacional de Investigación con Perspectiva de Género, el cual deberá ser integrado en los códigos penales estatales. Esto obliga a que toda muerte violenta de mujer sea investigada inicialmente como feminicidio hasta que se agoten las líneas de investigación que demuestren lo contrario.

Además de la unificación tipológica, la iniciativa contempla la creación de unidades especializadas de análisis de contexto en cada entidad federativa. Estas unidades deberán contar con personal certificado y presupuesto etiquetado para garantizar la pericial forense y la recolección de pruebas bajo los estándares federales propuestos.

La armonización legislativa requerirá el apoyo de las legislaturas estatales una vez que el Congreso de la Unión apruebe la reforma constitucional. El proceso legislativo contempla un periodo de transición de 180 días para que los estados adecúen sus marcos normativos tras la publicación del decreto.

Este movimiento responde a una exigencia histórica de colectivos y organismos internacionales que han documentado cómo la fragmentación legal facilita la impunidad. La estandarización de las penas, que se plantea bajo un parámetro de 40 a 70 años de prisión, busca desincentivar la conducta delictiva mediante una política criminal nacional coherente.