La captura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, expone la fragilidad de las instituciones mexicanas frente al crimen organizado y reabre cuestionamientos sobre los vínculos entre política y delincuencia. El caso de «La Barredora», grupo criminal que habría nacido dentro de corporaciones policiacas, ofrece un ejemplo de cómo la corrupción en seguridad pública facilita la consolidación de redes ligadas a cárteles nacionales.
El 17 de septiembre de 2025, tras su expulsión de Paraguay, Bermúdez Requena fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano. Su trayectoria combina cargos de alto nivel en seguridad pública y presuntas operaciones delictivas. Diversas fuentes coinciden en que “La Barredora” no surgió como una célula criminal aislada, sino como un grupo que operó desde dentro de instituciones estatales, con vínculos políticos y cobertura institucional, y que posteriormente se articuló al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Para reconstruir este caso se consultaron cinco documentos oficiales, seis entrevistas y registros en prensa nacional e internacional. Los documentos incluyen órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de la República, comunicados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), registros del Instituto Nacional de Migración, reportes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay y actas legislativas del Congreso de Tabasco. Las entrevistas se realizaron con tres exfuncionarios tabasqueños, un especialista en crimen organizado, un legislador federal de oposición y un exagente de la policía estatal. Cada afirmación relevante fue corroborada con al menos dos fuentes independientes.
Los hallazgos principales apuntan en varias direcciones. Bermúdez Requena ocupó cargos clave en seguridad entre 2019 y 2024, lo que le otorgó control sobre cuerpos policiales. Exagentes entrevistados confirmaron que “La Barredora” comenzó como una célula dentro de la policía estatal, operando con vehículos y armamento oficiales. La SENAD paraguaya, en su comunicado del 12 de septiembre de 2025, vinculó directamente al grupo con el CJNG. La orden de aprehensión girada el 14 de febrero de 2025 lo acusa de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, y medios nacionales reportaron que el grupo también estaba involucrado en robo de combustible, trata de personas y extorsión a bares y centros de apuestas en Tabasco.
Las conexiones políticas son inevitables en este caso. Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y hoy coordinador de la bancada de Morena en el Senado, reconoció públicamente que Bermúdez era su “amigo y paisano”. Registros notariales confirman su relación profesional. Sin embargo, López Hernández negó cualquier vínculo con actividades ilícitas y llegó a retar públicamente a que Bermúdez “cante” si tiene pruebas en su contra. Hasta ahora no existe expediente judicial que lo vincule, pero analistas coinciden en que las declaraciones del detenido podrían tener impacto político.
La detención en Paraguay fue resultado de un movimiento financiero sospechoso. Informes de la SENAD y comunicados de la Unidad de Inteligencia Financiera en México coinciden en que esta irregularidad permitió ubicarlo en una residencia de lujo en Asunción. No contaba con visa ni estancia legal, lo que facilitó que Paraguay lo declarara persona non grata y lo entregara a México. El traslado se realizó en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el mismo que en su momento llevó a Joaquín “El Chapo” Guzmán, y fue recibido en el penal del Altiplano bajo estrictas medidas de seguridad.
Las voces sobre el caso se dividen. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, presentó el operativo como un “golpe a la corrupción en seguridad pública”. Adán Augusto insiste en que no tiene nada que temer. Analistas como Alejandro [FICTICIO] ven en el caso un ejemplo claro de cómo los cárteles infiltran y utilizan instituciones de seguridad locales. Los exagentes entrevistados recuerdan que los primeros operativos de “La Barredora” se realizaban con uniformes oficiales, lo que generó entre la población la percepción de que se trataba de un grupo autorizado por el gobierno estatal.
El análisis del caso sugiere tres consecuencias principales. Primero, la captura institucional: la línea entre policía y crimen se diluyó en Tabasco, facilitando la consolidación de “La Barredora”. Segundo, los efectos políticos: aunque no hay pruebas contra figuras de alto nivel, la cercanía entre Bermúdez y Adán Augusto genera cuestionamientos que podrían tener efectos dentro de Morena en el Senado. Tercero, las implicaciones sociales: los ciudadanos tabasqueños vivieron bloqueos, extorsiones y violencia mientras el grupo operaba con impunidad.
La detención de Bermúdez Requena es un avance en la lucha contra la corrupción en seguridad pública, pero también expone un vacío estructural: el riesgo de que las propias instituciones generen organizaciones criminales. Su proceso judicial será determinante. Si decide colaborar con las autoridades, podría abrir investigaciones más amplias sobre redes políticas y criminales en el sureste. Si guarda silencio, su captura podría terminar como un caso aislado que no altere las dinámicas de colusión entre crimen y seguridad.
Quedan limitaciones. Algunos elementos, como el grado de implicación de figuras políticas en las operaciones de “La Barredora”, no pudieron verificarse con documentos públicos y dependen de entrevistas anónimas. Tampoco existe información detallada sobre la magnitud del financiamiento que sostenía al grupo. Sin embargo, la acumulación de evidencias confirma que Bermúdez Requena no fue un funcionario común, sino el rostro visible de una estructura híbrida que durante años mezcló poder político y control criminal en Tabasco.