El exgobernador enfrenta prisión preventiva por presunta delincuencia organizada y contrabando; todavía no existe una sentencia condenatoria.

La condena política llegó antes que la judicial.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, calificó como “delincuente” y “traficante de combustible” al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, detenido por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos.

Durante una conferencia de prensa realizada este 21 de julio, Montiel rechazó que el proceso responda a una “venganza política” y acusó al PAN y a Somos México de presentar al exmandatario como víctima.

“Lo que estamos viendo es una reacción de la derecha, de la oposición, en defensa de un delincuente”, afirmó la dirigente, quien sostuvo que la investigación lleva más de un año e involucra a empresas, agentes aduanales y otras personas vinculadas con la introducción ilegal de combustible. Esos señalamientos corresponden a la postura partidista de Morena y no sustituyen las determinaciones de los tribunales.

Ruffo permanece en prisión preventiva

Ernesto Ruffo fue detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California, después de que un juez concediera una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público Federal por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Tras una audiencia de más de un día, un juez federal impuso prisión preventiva al exgobernador y a otras siete personas. Ruffo fue trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México. Hasta este 21 de julio, las fuentes consultadas reportan una medida cautelar, no una sentencia condenatoria.

La investigación está relacionada con Ingemar, empresa de la que Ruffo fue socio y que las autoridades vinculan con el aseguramiento de aproximadamente 15.5 millones de litros de combustible transportados en 129 carrotanques en Coahuila, en julio de 2025.

La Fiscalía sostiene que el combustible habría sido introducido ilegalmente al país mediante documentación falsa. Ruffo declaró anteriormente que la empresa únicamente realizaba trámites aduanales y se deslindó de la carga transportada.

Morena convierte el expediente en disputa electoral

Montiel aseguró que PAN y Somos México actuaron de manera coordinada para defender al exgobernador. También cuestionó que Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón, encabece la defensa legal.

La dirigente afirmó que el caso exhibe la existencia de dos proyectos políticos: el encabezado por Morena y el representado por la oposición. Con ello, una investigación penal todavía en curso quedó convertida también en material para la confrontación partidista.

Morena respaldó las actuaciones de la Fiscalía y pidió que se sancione a quienes resulten responsables. Sin embargo, Montiel presentó como culpable a Ruffo antes de que concluya el proceso judicial, pese a que la responsabilidad penal sólo puede ser determinada por un tribunal.

PAN y Somos México acusan persecución

El PAN respondió que ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero exigió respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. El partido confió en que Ruffo aclarará las imputaciones y pidió que la justicia se aplique sin criterios políticos.

Acción Nacional también cuestionó que las autoridades actúen con rapidez contra el exgobernador mientras, según su postura, otros señalamientos contra personajes vinculados con Morena no han tenido el mismo tratamiento.

Somos México, organización en cuyo consejo participa Ruffo, fue más lejos: exigió su liberación inmediata y calificó la detención como una “cortina de humo”. Esa agrupación no presentó en su posicionamiento público elementos que desvirtúen el expediente penal; centró su defensa en denunciar una supuesta utilización política de la Fiscalía.

El peso político de Ruffo

Ruffo gobernó Baja California entre 1989 y 1995. Su triunfo fue simbólico porque lo convirtió en el primer gobernador de oposición que derrotó al PRI después de décadas de hegemonía estatal.

Esa trayectoria explica por qué su detención rebasó rápidamente los tribunales. Para Morena, el caso sirve para señalar presuntos vínculos entre antiguos dirigentes opositores y redes de contrabando. Para sus defensores, representa una prueba sobre la independencia de la Fiscalía y la aplicación imparcial de la justicia.

Ninguna de esas narrativas resuelve el punto central: la Fiscalía deberá demostrar ante el juez la participación concreta de Ruffo en las operaciones ilegales, mientras la defensa tendrá oportunidad de controvertir las pruebas.

Qué sigue

El proceso deberá esclarecer qué funciones desempeñaba Ruffo dentro de Ingemar, quién elaboró la documentación aduanal, quién era propietario del combustible y qué participación tuvieron empresas, funcionarios o agentes aduanales.

También deberá conocerse si las pruebas respaldan la existencia de una red de al menos 25 personas, como afirmó la dirigencia de Morena, y cuáles de ellas han sido detenidas, imputadas o permanecen prófugas.

Mientras esas respuestas llegan, el expediente avanza entre dos excesos políticos: declararlo culpable antes de tiempo o presentarlo como perseguido sin examinar las pruebas.