Los Demonios del Poder
Ahora, 13 muertos
Por: Carlos Lara Moreno
El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca no puede reducirse a la narrativa cómoda del “accidente”. No cuando el saldo es de 13 personas muertas, no cuando se trata de una obra prioritaria del Estado mexicano y no cuando las señales de alerta sobre su construcción fueron ignoradas en nombre de la prisa política. Aquí no falló el destino: falló el poder.
Este episodio coloca bajo los reflectores a Claudia Sheinbaum Pardo, no solo como heredera de un proyecto político, sino como responsable de decidir si el nuevo gobierno romperá con la tradición de la impunidad o la administrará con un discurso distinto. La tragedia le plantea una disyuntiva clara: investigar a fondo, caiga quien caiga, o permitir que el caso se diluya entre comunicados técnicos, peritajes a modo y el reparto calculado de culpas menores.
El descarrilamiento no surge en el vacío. Es consecuencia directa de una forma de gobernar la obra pública durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde la lealtad política y la urgencia simbólica pesaron más que la planeación, la supervisión independiente y el cumplimiento estricto de normas técnicas. La consigna fue construir rápido, inaugurar pronto y cuestionar poco. En ese contexto, las advertencias técnicas suelen verse como estorbos y no como salvaguardas.
Las malas prácticas en la construcción —desde materiales deficientes, trazos mal evaluados, supervisiones laxas o inexistentes, hasta contratos opacos— no son errores administrativos: son responsabilidades. Cada decisión tomada sin rigor técnico tiene consecuencias humanas. Y en Oaxaca esas consecuencias se tradujeron en cuerpos, familias rotas y una comunidad que hoy exige algo más que explicaciones.
El riesgo ahora es el de siempre: que el Estado active su maquinaria de contención. Un culpable menor, un contratista sacrificado, un funcionario intermedio removido, y el mensaje implícito de que el proyecto —y quienes lo impulsaron— permanecen intactos. Ese guion ya lo conocemos. Así se institucionaliza el olvido.
Pero 13 muertes no admiten el carpetazo. No pueden convertirse en daño colateral de una “transformación” que prometía poner al pueblo en el centro. La justicia no se mide por discursos ni por auditorías internas, sino por procesos penales claros, investigaciones autónomas y sanciones ejemplares, incluso si alcanzan a altos niveles de decisión.
Sheinbaum tiene ante sí una prueba de ruptura o continuidad. Si permite que este descarrilamiento quede en el archivo de las tragedias sin responsables, confirmará que los Demonios del Poder sobreviven a Los cambios de sexenio. Si impulsa una investigación real, técnica y judicial, enviará una señal inédita: que la obra pública también puede rendir cuentas.
En México, el olvido ha sido política de Estado. Pero olvidar este caso sería aceptar que la vida vale menos que un proyecto emblemático. Y eso, en cualquier democracia, es la forma más cruel de descarrilamiento.