El anuncio se realizó el domingo 9 de noviembre de 2025 en Palacio Nacional, con la presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El plan busca responder a la escalada de violencia en Michoacán, donde carteles como el Jalisco Nueva Generación disputan control territorial y extorsionan a productores de aguacate y limón. Sheinbaum enfatizó que la seguridad se construye con justicia y desarrollo, no solo con fuerza.
El esquema se estructura en tres pilares: seguridad y justicia, desarrollo económico con equidad, y educación y cultura para la paz. Incluye 12 ejes de acción y más de 100 medidas específicas, con vigencia para 2025 y 2026. Ya han llegado los primeros contingentes de las Fuerzas Armadas al estado, sellando accesos clave.
La inversión total alcanza los 60 mil millones de pesos, sumando 57 mil 460 millones federales y 2 mil 700 millones estatales. Estos recursos provienen de reasignaciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, bajo el principio de austeridad republicana, sin un aumento neto en el gasto contra el crimen. Para 2026, se destinan 37 mil 450 millones a programas de bienestar, beneficiando a un millón de habitantes.
En el eje de seguridad, se despliegan 10 mil 506 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército para patrullajes e inteligencia. Se incorporan helicópteros, drones y vehículos desminadores, con 860 militares protegiendo cultivos de aguacate y 820 para limón. El plan prioriza la atención a víctimas y la detención de generadores de violencia, aunque no detalla misiones específicas para las tropas.
El desarrollo económico enfoca apoyo a sectores agrícolas afectados por extorsiones, fomentando la economía social y empleo juvenil. Incluye becas, escuelas y actividades culturales para prevenir el reclutamiento por el crimen organizado. Legisladores de Morena en el Senado respaldaron la iniciativa, viéndola como un paso hacia la pacificación.
Sin embargo, analistas señalan que el plan repite elementos de estrategias previas en Michoacán, que ha visto al menos cuatro intentos similares en dos décadas bajo administraciones pasadas. Jorge Luis Ulloa, experto en seguridad, lo califica como reciclaje de medidas sin innovaciones profundas. Adela Micha critica su llegada tardía, 13 meses después del inicio del sexenio, y tras el impacto en la popularidad presidencial.
Otro punto de debate es la ausencia de fondos extras dedicados exclusivamente al combate al narcotráfico. Los recursos se diluyen en programas sociales, dejando de lado equipamiento avanzado o inteligencia ampliada. En redes sociales, usuarios opositores cuestionan si el despliegue militar llega sin una hoja de ruta clara, similar a planes fallidos que no redujeron homicidios, con más de 100 en octubre solo en el estado.
La colusión entre autoridades locales y delincuencia permanece sin un eje explícito de purga o anticorrupción. Informes de inteligencia vinculan a figuras estatales con carteles, y críticos como Salvador García Soto advierten que esto debilita la ejecución. El gobernador Bedolla rechazó modelos previos de Calderón y Peña Nieto, afirmando que este enfoque es distinto por su énfasis en causas sociales.
En X, el apoyo de Morena contrasta con el escepticismo: posts destacan el «compromiso espiritual» del plan, mientras otros lo llaman militarización reactiva. El IMSS Michoacán reportó avances en obras de salud alineadas al esquema, y gobernadores de otros estados lo respaldan como modelo nacional.
Para los michoacanos, el plan ofrece herramientas concretas: protección a huertos, becas para jóvenes y electrificación rural. Sin embargo, su éxito dependerá de la coordinación federal-estatal y evaluaciones trimestrales. Mientras, la violencia persiste, con alertas de Estados Unidos sobre acciones unilaterales contra carteles.
El Presupuesto Ciudadano 2025 del estado alinea estos fondos, vigentes hasta diciembre. Expertos recomiendan monitorear el DOF para ajustes, y productores agrícolas esperan resultados en la zafra venidera.