Bruno Cortés
La iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca eliminar de tajo a los legisladores de representación proporcional, ha provocado un auténtico sismo político. En vísperas de su votación definitiva este miércoles 11 de marzo, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) han pisado el freno, poniendo en la cuerda floja la mayoría calificada necesaria para modificar la Carta Magna.
El termómetro de esta crisis reventó este martes en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Electoral. Ahí, el dictamen apenas logró salir a flote con 45 votos únicos de Morena, frente a 39 sufragios en contra donde la oposición hizo bloque con los aliados rebeldes, dejando al oficialismo sin el blindaje legislativo para la aduana de mañana.
Fiel al estilo de la grilla capitalina, el senador ecologista Luis Armando Melgar dejó claro que no están dispuestos a inmolarse por una causa ajena. Al advertir que «son aliados, no paleros» y rematar con un contundente «de lengua nos comemos unos tacos», fijó públicamente el costo de peaje que exige su bancada rumbo a los comicios intermedios de 2027.
Y es que para el Verde y el PT, la guillotina a las plurinominales no es un mero trámite administrativo, sino una declaratoria de extinción. Ambos institutos dependen umbilicalmente de la asignación proporcional y de los convenios de coalición, herramientas que hoy les garantizan oxígeno puro: una nada despreciable bolsa que ronda los mil 600 millones de pesos anuales y 111 curules conjuntas.
Desde las oficinas de la dirigencia guinda, la instrucción es de cero concesiones. Luisa María Alcalde ha cerrado filas exigiendo alineación absoluta bajo la premisa de que en la Cuarta Transformación «no caben ambigüedades», apostando a que el robusto 75 por ciento de aprobación de la primera mandataria servirá como escudo de teflón para someter la disidencia sin necesidad de negociar privilegios.
Sin embargo, el pulso en las calles y las benditas redes sociales hierve a otra temperatura. La conversación pública entre la base simpatizante se ha inundado de reclamos orgánicos, etiquetando a las cúpulas aliadas bajo narrativas de «parasitismo político» y exigiendo a los legisladores oficialistas que no cedan ni un milímetro ante lo que perciben como un franco chantaje.
Este clima de crispación ciudadana tiene raíces profundas, pues revive el amargo sabor de boca que dejó la llamada «cláusula de vida eterna» discutida en el sexenio anterior. El electorado mantiene fresca la memoria y rechaza de antemano cualquier intento de fabricar acuerdos en lo oscurito para garantizar la supervivencia artificial de partidos que no consigan los votos en solitario.
El tablero legislativo obliga a mover las fichas con precisión de relojero. Si la iniciativa naufraga este miércoles en el pleno de la Cámara Baja, Morena tendrá que definir si sepulta su promesa de austeridad democrática o si asume el costo de romper de forma definitiva con sus socios históricos, reconfigurando por completo el mapa político electoral a un año de las intermedias.
Por lo pronto, la moneda está en el aire y el país observa atento el ajedrez en el recinto de San Lázaro. La sesión de mañana no solo definirá las nuevas reglas del juego en las urnas, sino que pondrá a prueba el verdadero músculo negociador del gobierno frente al instinto de supervivencia de la llamada chiquillada.