La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la primera quincena de septiembre de 2025, mide la percepción de seguridad en 92 ciudades con más de 100 mil habitantes. Este indicador, que cubre a la población de 18 años y más, muestra un aumento en la sensación de vulnerabilidad, pese a las reducciones reportadas en homicidios dolosos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En el contexto del primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciado el 1 de octubre de 2024, esta encuesta llega en un momento donde el Gobierno federal destaca logros en seguridad, como la baja del 25,97% en homicidios dolosos, con 25.712 casos en los primeros 12 meses. Sin embargo, la percepción ciudadana no sigue esa curva descendente, lo que resalta una brecha entre estadísticas oficiales y el día a día en las colonias y barrios.
Por género, la disparidad es marcada: el 68,2% de las mujeres considera inseguro vivir en su ciudad, frente al 56,7% de los hombres. Este dato, recurrente en ediciones previas de la ENSU, subraya riesgos específicos como el acoso callejero o la violencia de género, que influyen en la movilidad y rutina diaria de las chilangas y chilangos por igual, desde el Metro hasta los tianguis.
Las localidades con mayor percepción de inseguridad concentran la gravedad del panorama. Culiacán, en Sinaloa, lidera con el 88,3%, seguida de Irapuato en Guanajuato con 88,2% y Chilpancingo en Guerrero con 86,3%. Estas ciudades, azotadas por disputas entre grupos criminales y extorsiones rampantes, ilustran cómo la violencia focalizada moldea el pulso de la calle, donde un paseo al mercado se tiñe de precaución constante.
Este repunte en la percepción contrasta con la tendencia nacional de homicidios, que hasta septiembre de 2025 acumula 18.407 víctimas, 4.348 menos que el periodo anterior. No obstante, indicadores como las 14.765 desapariciones nuevas en el año, un 16% más que en 2024, y las 11.290 extorsiones reportadas, con un alza del 26,07%, alimentan esa inquietud colectiva que la ENSU captura en respuestas directas de la gente.
Marisol Ochoa Elizondo, profesora de la Universidad Iberoamericana especializada en violencia y criminalidad, enfatiza la necesidad de estrategias localizadas. «Entender las regiones y localidades abre visos de oportunidad, porque al diferenciar fortalezas y debilidades se ajusta la estrategia», dice. Pide al Gobierno un «espíritu autocrítico» para los cinco años restantes, evitando planes uniformes que no aterricen en realidades como las de Culiacán o la misma CDMX.
Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), amplía el enfoque más allá del crimen organizado. «Hay violencias cotidianas fomentadas por instituciones, como la falta de justicia o abusos policiales, que se salen del relato del narco», argumenta. Subraya que atender estos aspectos, desde el acceso equitativo a denuncias hasta la capacitación de fuerzas de seguridad, podría reconectar las cifras con la percepción en las banquetas y avenidas.
En respuesta a estos datos, el Gobierno de Sheinbaum mantiene su énfasis en la Guardia Nacional y la inteligencia, con iniciativas como el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, lanzado el 9 de noviembre de 2025, que destina 57 mil millones de pesos a 100 acciones en esa entidad. Incluye electrificación en 870 comunidades y combate a extorsiones, medidas que podrían influir en futuras ediciones de la ENSU si se replican en zonas críticas.
La nueva ley contra extorsiones, aprobada en Diputados y en espera del Senado, propone penas de hasta 25 años, reconociendo el incremento del 20,8% en estos delitos de enero a septiembre de 2025. Mientras, la ONU ha emitido 65 acciones urgentes por desapariciones forzadas este año, un recordatorio internacional de las capas profundas de la inseguridad que trascienden las balas y llegan al temor silencioso de las familias.
En el Zócalo y las periferias, donde el ajetreo diario se entremezcla con sirenas lejanas, la ENSU no solo mide números, sino el latido de una nación que exige que la baja en homicidios se sienta en la piel. Con encuestas trimestrales, el Inegi ofrece un termómetro constante para ajustar rumbos, en un México donde la seguridad no es solo estadística, sino el derecho a caminar sin mirar atrás.