Por Juan Pablo Ojeda

 

Los reglamentos de gobernanza de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) relativos a la asignación de sedes han establecido un escenario de viabilidad estadística para que México vuelva a contender por la organización de la Copa del Mundo en el año 2038. Las directrices institucionales impiden de forma estricta que una confederación repita la localía del certamen en las dos ediciones consecutivas posteriores a su designación. Este candado técnico acorta los márgenes de competencia internacional y posiciona a la región de Norteamérica en una situación de ventaja reglamentaria.

La distribución de los próximos torneos oficiales ha consumado el uso de los derechos de organización de la mayoría de los bloques continentales. Tras la actual edición conjunta de 2026 en Norteamérica, la FIFA determinó que el Mundial de 2030 se distribuirá de forma multicluster entre la UEFA, la CAF y la Conmebol, con partidos en España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay. Posteriormente, la edición de 2034 quedó formalmente asignada a Arabia Saudita de forma exclusiva, lo que extingue las posibilidades de la Confederación Asiática (AFC).

El descuento matemático de estas cuatro organizaciones (UEFA, CAF, Conmebol y AFC) deja únicamente a dos entidades continentales habilitadas legalmente ante el comité de candidaturas de la FIFA para el proceso de 2038. La Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) comparte la elegibilidad reglamentaria exclusivamente con la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC), un organismo con menor capacidad de infraestructura.

La disparidad en términos de estadios homologados por la FIFA y logística aeroportuaria reduce las posibilidades reales de Oceanía frente al bloque norteamericano. Los requerimientos actuales exigen recintos con aforos mínimos de 40,000 espectadores para fases regulares y hasta 80,000 para inauguraciones o finales, métricas que México, Estados Unidos y Canadá cubren de manera sistemática en sus ligas locales.

Bajo este modelo de exclusión, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) tiene la opción reglamentaria de presentar un proyecto de postulación en un periodo estimado de seis años, cuando se abran los registros de intención. El escenario financiero contempla la reutilización de la infraestructura remodelada para el torneo de 2026, lo que anula los costos de obras civiles desde cero.

Los analistas técnicos de la industria deportiva indican que la propuesta mexicana podría materializarse de forma solitaria o mediante una estructura de coanfitrionía restringida. Esta flexibilidad organizativa permite equilibrar las cargas financieras que demanda la FIFA, la cual ha expandido el torneo a un formato de 104 partidos totales por edición.

No obstante, la viabilidad del proyecto permanece sujeta a la estabilidad del actual estatuto de la FIFA. El Consejo Ejecutivo conserva la facultad jurídica de modificar los criterios de rotación geográfica en los congresos ordinarios, variable que representa el único riesgo normativo para las aspiraciones de la Concacaf rumbo a 2038.