Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este lunes la convocatoria oficial para iniciar la consulta ciudadana de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, Indígenas y Afromexicanos. El documento, publicado formalmente este mismo día en el Diario Oficial de la Federación (DOF), representa el primer esfuerzo institucional en 200 años de historia del Estado mexicano para consolidar un marco normativo específico para este sector de la población.
El despliegue logístico y estadístico de este proceso involucrará a 69 pueblos indígenas y un pueblo afromexicano, distribuidos en más de 16 mil comunidades a nivel nacional. Los indicadores censales señalan que la consulta impactará de manera directa a un universo estimado de 8 millones de personas, cifra que equivale al 20.5% de la población total de la República Mexicana.
La base jurídica de la iniciativa reglamentaria se fundamenta en la reforma previa al Artículo 2 Constitucional, la cual fue promulgada y publicada el pasado 30 de septiembre de 2024. El cambio constitucional mandata la creación de las leyes secundarias necesarias para dotar de mecanismos operativos a los preceptos de autonomía y reconocimiento territorial aprobados por el Congreso de la Unión.
El cuerpo técnico de la propuesta de ley se encuentra estructurado en ocho libros específicos que abarcan el espectro de la administración pública y comunitaria. Entre las innovaciones jurídicas destaca el establecimiento del juicio de amparo indígena y afromexicano, un recurso procesal inédito diseñado para la protección exclusiva de los derechos colectivos de las comunidades originarias.
El calendario de la consulta contempla un periodo de ejecución de cuatro meses, dividido en cinco etapas técnicas que iniciarán formalmente a partir del 1 de julio y concluirán en octubre de 2025. El diseño del cronograma prevé una etapa informativa inicial que se extenderá hasta el 6 de agosto, garantizando la distribución del material explicativo en las 16 mil localidades objetivo.
La fase deliberativa, programada del 7 de agosto al 13 de septiembre, concentrará la realización de 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo específicas en centros urbanos estratégicos como Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro. Posteriormente, un comité técnico procesará las propuestas del 21 de septiembre al 11 de octubre para la adecuación final del texto.
El Ejecutivo federal proyecta realizar la entrega formal del proyecto de ley a la Cámara de Diputados el próximo 12 de octubre, fecha seleccionada por su simbolismo histórico como el Día de la Resistencia de los Pueblos. El andamiaje institucional del proceso requirió la coordinación de 35 dependencias federales, 148 reuniones previas de planeación y la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas.